En un operativo fiscal – policial se logró rescatar a una adolescente de 12 años, víctima de explotación, abuso sexual y pornografía infantil, en la ciudad de Juan León Mallorquín, Departamento de Alto Paraná.
Las agentes fiscales Diana Gómez, de la ciudad de Yguazú, y Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Alto Paraná, encabezaron dos allanamientos y lograron rescatar a una menor de 12 años que era victima de abuso sexual y pornografía infantil.
El primer allanamiento se realizó en una vivienda de Juan León Mallorquín, donde vivía la víctima, en compañía de una mujer quien dijo estar a cargo de la adolescente, desde que tenía dos años. También, se allanó una funeraria en el barrio Santo Domingo, de la ciudad de Yguazú, propiedad de Luis Enrique Leiva Mirante, donde presuntamente la adolescente era trasladada con el consentimiento de la mujer y era explotada sexualmente.
El Ministerio Público cuenta con elementos de sospecha suficientes para atribuir tanto la autoría y los hechos de abuso sexual, pornografía infantil, además de proxenetismo a la mujer, según comentó la fiscala Vivian Coronel.
Para la fiscalía, el hombre habría cometido los abusos sexuales así como la pornografía. Aunque el mismo se encuentra con paradero desconocido y ya pesa sobre él una orden de captura.
Entretanto, la encargada de la víctima sería responsable de proxenetismo y también de violación del deber del cuidado. “La sospecha es que esta mujer estaría recibiendo dinero a cambio de que la niña sea sometida sexualmente”. El operativo estuvo a cargo del Departamento de Investigaciones de Trata de Personas de la Policia Nacional.
También se convocó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencias, a cargo del defensor Milner Agustín Caballero. Como pruebas cuentan con fotografías y materiales audiovisuales que coinciden con las característica de la funeraria allanada, como piso, pared y muebles, indicaron los intervinientes.
El nombre de la adolescente y la encargada se omiten en cumplimiento del articulo 29 del código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.